Las empresas tienen la responsabilidad individual de evaluar las consecuencias tanto jurídicas como relativas a los derechos humanos de sus operaciones, independientemente de lo que pueda declarar su gobierno de origen. 

Es fundamental que las empresas francesas tengan presente este principio, habida cuenta de las espectaculares declaraciones realizadas por el presidente francés Macron sobre el Sáhara Occidental. 

En un discurso ante el parlamento marroquí el 29 de octubre de 2024, durante una visita de Estado de tres días, el presidente francés Emmanuel Macron hizo declaraciones muy controvertidas, entre ellas que el "presente y futuro" del Sáhara Occidental pertenecen a la "soberanía marroquí". Con ello, Macron sigue el ejemplo del presidente estadounidense Trump, que fue el primer presidente en lanzar una declaración de este tipo en 2020. 

Macron también prometió "inversiones e iniciativas de apoyo sostenibles en beneficio de las poblaciones locales" y que las empresas francesas "apoyarán el desarrollo" del Sáhara Occidental. 

"Lo digo también aquí, con fuerza: nuestros operadores y empresas apoyarán el desarrollo de estos territorios a través de inversiones, iniciativas sostenibles y solidarias, en beneficio de las poblaciones locales", declaró Macron. Encuentre su discurso completo aquí [descargar]. 

¿Dónde está el problema? No importa cuál sea la agenda política del Gobierno francés, y no importa lo que afirme Macron: el Sáhara Occidental no es parte de Marruecos. En otras palabras, los esfuerzos de Macron por empujar a las empresas francesas a los territorios ocupados conllevan un grave riesgo para las empresas que puedan morder el anzuelo. 

La declaración de Macron ante el parlamento marroquí se produjo pocas semanas después de que el Tribunal Supremo de la Unión Europea concluyera por décima vez que el Sáhara Occidental es separado y distinto de Marruecos, añadiendo que Marruecos no tiene soberanía ni mandato administrativo sobre el territorio. Además, el Tribunal enfatizó que el pueblo del Sáhara Occidental y las “poblaciones locales”, a las que se refiere Macron, no son lo mismo: es el pueblo del Sáhara Occidental el que tiene el derecho a la autodeterminación, no los habitantes actuales del territorio, que, según cifras de la UE, son en un 75% marroquíes. Por lo tanto, cualquier acuerdo económico que afecte al Sáhara Occidental requiere el consentimiento del pueblo, no de la población, considera el Tribunal. Ese consentimiento puede ser expreso, o presumido, si se cumplen condiciones muy estrictas.

WSRW ha resumido las conclusiones clave de las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE del 4 de octubre de 2024 sobre el Sáhara Occidental.

Así que ahora el Gobierno francés, a todas luces, parece hacer todo lo posible para convertir a las empresas francesas en carne de cañón en un territorio donde se está violando el derecho internacional humanitario. 

“Es irresponsable por parte del presidente francés hacer declaraciones que podrían influir en las empresas francesas para hacer negocios en el Sáhara Occidental ocupado, cuando sabe muy bien que no existe un marco legal sólido para tales operaciones. Está exponiendo conscientemente a las empresas francesas a innumerables riesgos legales y de reputación”, afirma Erik Hagen de Western Sahara Resource Watch. 

“Mientras el Gobierno francés siga declarando tan abiertamente su distancia respecto de principios muy básicos del derecho internacional y los derechos humanos, está claro que las empresas francesas ya no pueden depender del asesoramiento legal de su gobierno. Socava la credibilidad del Gobierno francés también en sus evaluaciones de la ley y el orden y de la orientación corporativa en otras partes del mundo. Arrastrar a sus propias empresas a un atolladero legal es altamente irresponsable, no sólo frente al pueblo saharaui, sino también frente a las empresas francesas”, afirmó Hagen. 

La historia de las declaraciones políticas del Gobierno francés pronto entrará en un nuevo capítulo.

Uno de los tres casos concluidos en Luxemburgo el 4 de octubre (el del etiquetado de los productos pesqueros y agrícolas del Sáhara Occidental) volverá pronto a los tribunales franceses. Originalmente iniciado por un sindicato de agricultores franceses ante el tribunal administrativo francés, y luego remitido al Tribunal de Justicia de la UE, el "caso del etiquetado" ahora ha regresado al tribunal francés, para su conclusión final. Así pues, en la práctica, el sistema judicial francés no tendrá otra opción que reiterar que, basándose en la sentencia del TJUE, el Sáhara Occidental tiene un estatus separado y distinto del de Marruecos y llegará a la conclusión que el apoyo político de Macron a la ocupación, y sus paquetes financieros, violan principios legales básicos.

Sin embargo, el posicionamiento de Macron fue más allá de la retórica. El presidente francés firmó varios acuerdos con el monarca marroquí y otros funcionarios del gobierno, al parecer por valor de 10.000 millones de euros. Un desglose realizado por un periódico español muestra que la mayor parte de este gigantesco paquete de inversiones serán inversiones en Marruecos propiamente dicho, pero que algunas cubrirán también el Sáhara Occidental.

Uno de los acuerdos firmados se centra en una Asociación Estratégica en el ámbito de la cooperación energética, la conectividad y la transición energética. 

Otro acuerdo firmado se refiere al hidrógeno verde. Hace un año, el Gobierno marroquí presentó el Proyecto de Ley de Finanzas 2024, en el que asignaba grandes superficies de “terrenos públicos” para proyectos de hidrógeno verde. Un sorprendente 81% de esa tierra se encuentra en el Sáhara Occidental ocupado. A principios de 2023, un estudio realizado por universidades marroquíes había concluido que el mayor potencial del país para el hidrógeno verde se encontraba en El Aaiún y Dajla, ambos en el Sáhara Occidental ocupado. La primera empresa vinculada a los proyectos previstos en el marco del proyecto de ley de finanzas marroquí fue la francesa HDF Energy, que preveía un proyecto de producción de 8 GW respaldado por 17 GW de energía renovable. Para defender su posición, HDF Energy utiliza una línea de argumentación política que recuerda a la de Macron.

Los observadores han señalado que la visita de Macron sirvió para mejorar las relaciones diplomáticas con Marruecos, después de algunos años tensos por una serie de cuestiones, incluida la migración, la supuesta participación de Marruecos en el uso del software espía Pegasus contra el presidente francés, el intento de Macron de un acercamiento con Argelia y lo que  Marruecos consideró la postura ambigua de Francia sobre el Sáhara Occidental.

En relación con la visita de Estado de Macron a Marruecos, también se publicó una declaración en el sitio web del Gobierno francés.

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